Veracruz: paraíso del crimen organizado, infierno del periodista

«El asesinato de periodistas es el crimen más seguro del mundo: en nueve de cada diez casos, quienes cometen el crimen salen impunes». Leon Willems, director de Free Press Unlimited (FPU).

Foto: Reporteros sin Fronteras (RSF)

Hay razones para todo. Al exponer casos delicados que sugieren un nexo entre Estado y crimen organizado se tiene como consecuencia para las y los periodistas una muerte anunciada. Se arrebata la decisión y la vida de las manos, más no la voz de las víctimas. Las lagunas en las investigaciones policiacas no esclarecen los hechos en absoluto y enfatizan las fallas en el debido proceso.

Durante el gobierno de Javier Duarte, 2010-2016, fueron asesinados 17 periodistas; entre ellos Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso. Fidel Herrera, exgobernador del Estado de Veracruz y Javier Duarte, fueron los protagonistas de los reportajes escritos por Regina; en ellos evidenció un aumento en las riquezas de ambos políticos, al igual que el aumento de la deuda pública del Estado, ambos sucesos en el mismo año.

Foto: Reforma

Con cierta presteza, en 2011, la Procuraduría General (PGR) de la mano de datos de la Administración de Control de Drogas de EEUU informó sobre la confesión de 14 testigos protegidos que denunciaron reuniones de Fidel Herrera con las cabecillas del cartel de los Zetas en 2008, mismo año de la publicación en la que Regina Martínez responsabilizó a Herrera por la entrada de los Zetas a Veracruz, Cártel originario del Estado de Tamaulipas.

Este hecho no fue aislado, el Cártel del Golfo giró pagos de 600.000 pesos a la policía del Estado de Veracruz el 5 y 25 de cada mes, garantizando impunidad y seguridad para las operaciones de los carteles presentes.

Crédito: Alberto Morales Garcia.

Regina aprovechó su virtud y su espíritu del entendimiento durante su labor periodística. Al dar voz a las minorías marginadas de la sociedad, habló sobre justicia, violencia, fallas en el Estado y corrupción; dejando que su trabajo hablara por sí mismo.

Pasados cuatro meses del informe de la Procuraduría General (PGR), Regina Martínez fue asesinada en su domicilio en Xalapa, Veracruz.

Es entonces que el panorama se pinta con mayor claridad. En un Estado donde los carteles de narcotráfico y la corrupción política en el Gobierno local prevalecen, se desata con furor la violencia dentro de la sociedad. incubando males gracias a malas prácticas políticas que se traducen en organizaciones criminales que se adhieren al orden social casi de manera legal.

En casi todos los sentidos, el Estado donde se desenvuelve un mundo de errores, sigue igual. El caso de Regina fue cerrado a la brevedad, tipificando el crimen como un robo con tintes de crimen pasional. Entretanto, Jorge A. Hernández, alias El Silva se declaró culpable del asesinato de la periodista, siendo condenado a 38 años de cárcel por homicidio y robo.

A la fecha, El Silva reitera su inocencia a su abogada, declarando que su confesión fue la consecuencia de una tortura exhaustiva con descargas eléctricas por parte del cuerpo policiaco de Veracruz. A lo largo del juicio El Silva declaró que acudió al domicilio de la periodista con José A. Hernández, alias El Jarocho, hombre que golpeó a Regina hasta su muerte y se dio a la fuga.

Sin embargo, la fiscal Laura Borbolla descartó la posibilidad de que la teoría de un robo fuese verídica, esto debido a que los elementos de valor pertenecientes a Regina seguían en su casa y no había mayor desorden que indicara que fuese un robo. La investigación fue plagada de irregularidades y no se identificaron las huellas digitales de Jorge A. Hernández en la escena del crimen, por lo que su culpabilidad se debe a una confesión y al testimonio de un testigo visual que nunca fue encontrado por la fiscal Laura Borbolla.

Entre las inconsistencias de escena del crimen destaca el uso excesivo de polvo revelador, lo cual dañó las huellas digitales encontradas en el lugar.

“No fue un accidente, revelar huellas correctamente se aprende en primer año de criminología y este error no ocurrió solamente una vez”, afirmó la fiscal Borbolla a El País.

La naturaleza del orden político, las leyes dominadas por hombres con nexos en el crimen organizado develan que estas fallas en el debido proceso no ocurrieron de manera inconsciente, Borbolla sugiere que el jefe de la policía en ese periodo, Enoc Maldonado, fue el autor intelectual de la tortura de Jorge A. Hernández, imponiendo al mismo tiempo, barreras a la investigación.

Por su lado, Enoc Maldonado rechazó las acusaciones de la fiscal y declaró que el personal policial que formó parte del caso actuó conforme al derecho.

Actualmente el peligro para la prensa en Veracruz no cesa. En el lapso de 2005 a 2020, 13 mujeres periodistas han sido asesinadas. Tan solo a inicios de 2020, la periodista María Elena Ferral Hernández, fundadora del portal de noticias Quinto Poder de Veracruz, fue asesinada tras recibir ocho disparos al salir da la oficina de su notario.

María Elena investigo las desapariciones forzadas y los secuestros imputados a la policía durante su labor periodístico. Anteriormente denunció que había recibido amenazas ante la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas de Veracruz (CEAPP), misma comisión que le brindo protección, pero que le fue revocada a decisión del Secretario de Seguridad de Veracruz.

La vida humana se ve limitada ante aquellos que denuncian injusticias y evidencian fallas en el orden público, las amenazas de muerte a la prensa inculcan terror y el pánico que causan es fuerte, pero es ineludible defender la información y su divulgación para el desarrollo de una sociedad crítica, informada y consciente.