Tlatlaya: una masacre a manos de militares

Foto: Esquire

Marlene Martinez

El 30 de junio de 2014 el municipio de Tlatlaya, Estado de México se convertía en el lugar de un caso emblemático de las ejecuciones extrajudiciales en México. Ese día, la Secretaría de la Defensa Nacional informaba a través de un comunicado que habían sido abatidos 22 presuntos delincuentes en una bodega en San Pedro Limón y que fueron liberadas tres personas que se encontraban secuestradas.

A los pocos días, entre los lugareños había diversas versiones de lo ocurrido. Existía el rumor de que algunas personas afirmaban a ver visto lo sucedido y con lo cual, había algo que parecía ya darse por hecho: en aquella madrugada no sucedió lo que la versión oficial afirmaba, un enfrentamiento. Sin embargo, nadie diría nada, pues se tenía miedo a represalias de cualquiera de los dos bandos, por lo que pareció acordarse un pacto de silencio en la comunidad.

El 8 de julio, la agencia AP público un reportaje donde se cuestionaba que lo ocurrido el 30 de junio hubiese sido un enfrentamiento, ya que había inconsistencias entre el reporte oficial y las marcas de bala en la bodega. AP planteó que pudo haber tiros a corta distancia. Seis días después, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México negó que existieron disparos a corta distancia y afirmó que hubo un intercambio de disparos proporcional entre los elementos del ejército y los presuntos delincuentes.

El 17 de septiembre, la revista Esquire público el testimonio de Julia, una de las tres mujeres que fueron testigos de los hechos, y madre de Erika de catorce años quien murió en el presunto enfrentamiento. Julia aseguró que lo ocurrido en la bodega fue una ejecución por parte del ejército, pues sólo uno de los presuntos delincuentes murió en el enfrentamiento y 21 personas fueron ejecutadas después de haberse rendido.

El 19 de septiembre, mediante un comunicado, La SEDENA reiteró que los militares repelieron una agresión armada en la bodega. Por su parte, la PGR señaló que había una averiguación en curso.

Seis días después, Salvador Cienfuegos Zepeda, el entonces secretario de la Defensa Nacional, afirmó que el compromiso del ejército “es y será, a pesar de los riesgos a los que se ven expuestas las tropas, proteger a la sociedad a la que nos debemos, respetando irrestrictamente sus derechos fundamentales”.

Horas después de las declaraciones de Cienfuegos, un oficial y siete elementos de tropa fueron puestos a disposición de un juzgado militar por los delitos de desobediencia e infracción de deberes.

El 26 de septiembre el periódico La Jornada publicó fotografías donde se observan los cuerpos de los muertos en la bodega y se señaló que, derivado de las posiciones en que se encontraban los cuerpos y las armas, además de la falta de casquillos y otros análisis criminalísticos, lo ocurrido en Tlatlaya podría tratarse de una ejecución.

El martes 30 de septiembre de 2014 en una conferencia de prensa, Jesús Murillo Karam procurador General de la República, informó que la PGR solicitaría la aprensión de tres militares que participaron en lo ocurrido en la bodega a las afueras de San Pedro Limón y serían acusados por el delito de homicidio. Explicó que el enfrentamiento duró entre ocho y diez minutos y que, al cesar los disparos, tres soldados ingresaron a la bodega y dispararon de nuevo sin justificación alguna.